Nueva ley del aborto

Son varios los aspectos gravísimos que introduce en nuestra sociedad la nueva ley del aborto, mal llamada “de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”. Uno de ellos es la ilegítima intromisión estatal que realiza en un ámbito tan propio de los padres como es la educación moral de sus hijos, lo que supone todo un atentado contra los derechos de los padres y de los centros educativos.

La Confederación Estatal de Centros de Enseñanza ha mostrado la inquietud que la entrada en vigor de esta nueva ley ha provocado en el mundo de la enseñanza. Pues,  corresponde a las familias la decisión de qué tipo de educación quieren para sus hijos, qué contenidos debe tener, cuándo y cómo ofrecérsela. Y, por otra parte, la imposición a los centros educativos de “agentes sanitarios” nombrados por la Administración es una inaceptable injerencia en su libertad de ideario en una materia tan esencial y sensible. Puede consultarse aquí.

                                                              

¿En qué va a consistir la educación que la ley impone? Una educación sexual desarrollada desde la perspectiva de la ideología de género, a la que en otra entrada de este blog ya nos hemos referido. Profesionales por la Ética ha realizado un vídeo titulado "Educación sexual del gobierno" en el que se muestran imágenes y textos tomados de publicaciones destinadas a jóvenes y a adolescentes editadas por los Ministerios de Educación y Sanidad y las Consejerías de Sanidad de Andalucía y Cataluña.

Un paseo por los enlaces oficiales (Mº de Educación, Mº de Sanidad, Cataluña, Andalucía) en los que se ofrece educación sexual según el enfoque que esta ley promueve, puede darnos idea de hasta qué está justificada la alarma que nos provoca esta ley y las nefastas consecuencias que  traerá consigo.

Ha entrado en vigor la horrenda nueva ley del aborto

Transcribimos nota de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española, ante la desgracia de la entrada en vigor de la nueva ley pro-aborto el día de ayer, 5 de Julio. Esperemos que más pronto que tarde se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre los recursos que contra la misma han sido planteados.

Hoy entra en vigor la nueva Ley del aborto. Es necesario recordar que se trata de una ley objetivamente incompatible con la recta conciencia moral -en particular, la católica- ya que, desde el punto de vista ético, empeora la legislación vigente por los siguientes motivos fundamentales. Primero, y sobre todo, porque considera la eliminación de la vida de los que van a nacer como un derecho de la gestante durante las primeras catorce semanas del embarazo, dejando prácticamente sin protección alguna esas vidas humanas, justo en el tiempo en el que se producen la gran mayo ría de los abortos. En segundo lugar, porque establece un concepto de salud tan ambiguo que equivale a la introducción de las llamadas indicaciones social y eugenésica como justificación legal del aborto. En tercer lugar, porque impone en el sistema educativo obligatorio la ideología abortista y “de género”.

Estos y otros motivos han sido explicados por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal en su Declaración de 17 de junio de 2009, que la Asamblea Plenaria hizo expresamente suya en el comunicado final del 27 de noviembre de 2009. Los obispos concluyen la Declaración con las siguientes palabras: “Hablamos precisamente en favor de quienes tienen derecho a nacer y a ser acogidos por sus padres con amor; hablamos en favor de las madres, que tienen derecho a recibir el apoyo social y estatal necesario para evitar convertirse en víctimas del aborto; hablamos en favor de la libertad de los padres y de las escuelas que colaboran con ellos para dar a sus hijos una formación afectiva y sexual de acuerdo con unas convicciones morales que los preparen de verdad para ser padres y acoger el don de la vida; hablamos en favor de una sociedad que tiene derecho a contar con leyes justas que no confundan la injusticia con el derecho”.

PRESENTADO RECURSO CONTRA LA LEY DEL ABORTO

El día de ayer, 1 de junio, el Partido Popular ha presentado en el Tribunal Constitucional recurso contra  la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. En una entrada (aquí) anterior de este blog nos hacíamos eco de la Nota de Prensa de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal con motivo de su aprobación e incluimos enlace a esta  perniciosa ley que entrará en  vigor el próximo 5 de Julio.

Nos hacemos eco de la noticia directamente desde la página web del Partido Popular que expresa lo siguiente:

El recurso impugna por inconstitucionales ocho preceptos de la ley (arts. 5.1.e, 8 in limine y letras a y b, 12, 13.4, 14, 15 letras a, b y c, 17.2 y 5, 19.2 párrafo primero) y la Disposición Final segunda. Entre esos preceptos se halla el que prevé la posibilidad de abortar en las catorce primeras semanas por la mera decisión de la madre. Según los Diputados recurrentes la nueva regulación es absolutamente contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional, conforme a la cual no se penalizará el aborto cuando exista un grave conflicto entre la vida del nasciturus y otros bienes y valores de igual rango constitucional de la madre, y siempre ponderando los valores en conflicto, ( que no pueden contemplarse tan sólo desde la perspectiva de los derechos de la mujer o desde la protección de la vida del nasciturus"). Frente a esta exigencia, la nueva ley crea un sistema en el que la vida del no nacido en las primeras 14 semanas de gestación queda absolutamente desprotegida. Estamos por lo tanto ante "El reconocimiento de un derecho al aborto libre hasta la semana decimocuarta de embarazo" lo que resulta incompatible con el art.15 de la Constitución Española que reconoce que "todos tienen derecho a la vida".

La nueva regulación que permite, además, el aborto de las menores de 18 años y mayores 16 años sin el consentimiento y en ocasiones sin el conocimiento de sus padres o tutores, es para los recurrentes manifiestamente inconstitucional y los recurrentes consideran que con ello se disminuye las garantías de la menor gestante, se impide a los padres ejercer su derecho a formar a sus hijos, les impide también que le presten la asistencia y el apoyo familiar ante un hecho de gran trascendencia y se aminoran las garantías de la vida del nasciturus. Esta previsión de la nueva ley supone una flagrante violación de los derechos de los padres a que sus hijos reciban una formación conforme a sus propias convicciones e ignora las responsabilidades que les son inherentes en el ejercicio de la patria potestad. Asimismo se considera contrario a la Constitución el régimen concreto de regulación de la objeción de conciencia plasmado en la ley, al limitarse sólo a parte del personal sanitario y exigir requisitos que limitan su ejercicio.

Por último, se recurre la obligación de enseñar las materias relativas a la salud sexual y reproductiva desde una perspectiva ideológica de género, así como el que se obligue a la práctica clínica de abortos.

Una importante novedad del recurso es que se solicita que se suspenda la aplicación de los preceptos impugnados hasta que no se resuelva el recurso de inconstitucionalidad, cuya tramitación se pide que sea preferente. En una petición adicional muy fundamentada, el PP justifica la suspensión porque la aplicación de las normas recurridas generaría perjuicios irreparables evidentes, al tratarse de vidas humanas cuya eliminación sería irremediable si al final se declaran inconstitucionales los preceptos que sirvieron de base al aborto. Al mismo tiempo, se afirma que la nueva ley no goza, como ocurre normalmente, de la presunción de constitucionalidad, dado que se sitúa manifiestamente contra la doctrina ya sentada por el Tribunal Constitucional, por lo que está justificada su suspensión.

El equipo de trabajo ha estado coordinado por Federico Trillo Figueroa, que ha contado con la colaboración de Fernando Díez Moreno, Doctor en Derecho y Abogado del Estado, ambos redactores del recurso de Coalición Popular contra la primera Ley del aborto que dio lugar a la Sentencia de 1985. La ponente de la tramitación en el Congreso, Sandra Moneo, el Senador Luis Peral y Santiago Cervera, miembro de la Dirección del Grupo Parlamentario Popular. Se ha contado también con el criterio y asesoramiento de Benigno Blanco, Presidente del Foro de la Familia y tomando por base los dictámenes de varios catedráticos de Universidad.